El analista Eduardo Barcesat destacó que el voto de la mayoría de la Corte Suprema se alcanzó con los dos ministros nombrados por el actual Poder Ejecutivo nacional. Asimismo, recordó que ante delitos de lesa humanidad, y en resguardo de la doctrina de la supremacía de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales en dichos casos, la postura internacional es no conceder beneficios de computabilidad de penas. Por este motivo, la medida "es un disparate jurídico". Señaló, además, que se ha quebrantado la política de derechos humanos, consolidada desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. Desde el jefe del Poder Ejecutivo en adelante, "se le resta significación al terrorismo de Estado y a su juzgamiento".

Salinas agregó que utilizarán "todos los remedios legales" para oponerse a este fallo, "que es un escándolo jurídico, una arbitrariedad manifiesta" que otorga un privilegio a condenados por delitos contra la humanidad. "Vamos a volver a una Argentina espantosa, con genocidas caminando entre nosotros", concluyó. 

En la misma línea, Mariú Carreras manifestó la gravedad de un fallo que se da en un contexto de difamación de los organismos y su lucha, catalogada de "curro" por el gobierno macrista. Criticó también la postura de la Conferencia Episcopal sobre reconciliación, encaminada a "pasar por alto la verdad de tantas atrocidades y la justicia que venimos hace 41 años reclamando". Agregó: "Es vergonzoso, un enorme vuelco hacia el atraso". Sin embargo, Mariú subrayó que en la sociedad se han producido cambios de conciencia y hoy no se puede pretender perdonar a quienes nunca pidieron perdón con sus acciones. "El fallo de la Corte es antidemocrático y anticonstitucional", afirmó, pero "la lucha de los pueblos demuestra que los cambios se producen", por lo que "hay que presentar batalla".

Para escuchar las entrevistas completas, hacé clic en el audio.