El Ministro explicó que las cárceles deben ser centros relacionados con el trabajo, por ello, las ventajas de la condena van a estar sometidas al trabajo. Asimismo, se invitará a trabajar también a quienes estén procesados, persuadiéndolo para mejorar las condiciones de su situación. Sin embargo, aquellos reclusos que se opongan a participar, por decisión propia o consejo de la defensa, no obtendrán dichos beneficios.
La columna vertebral de este sistema, señaló Venier a Radio Universidad, consiste en convertir a las cárceles en "centros relacionados con la detención pero sobre todo con el trabajo, con el mejoramiento y con el pago a la sociedad".
Los salarios se mantienen según la ley anterior. El monto que percibirán quienes trabajen durante su reclusión será inferior a las personas libres y se le exigirán ciertas condiciones respecto de conducta dentro de los penales. Las áreas de trabajo serán empresas, proyectos laborales y se coordinará, también, con otros ministerios.
Los condenados, según el proyecto oficial, tendrán que trabajar obligatoriamente, mientras que los procesados tendrán la posibilidad de elegir si quieren o no trabajar, hasta tanto salga la sentencia definitiva.
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