El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, explicó que para llevar adelante esta ley se partió de un diagnóstico que indicó que los conflictos se resolvían muy tarde. A partir de esta ley, la conciliación deberá hacerse antes de la demanda, sin impedir que vaya finalmente a la justicia. "Esto es contracultural porque tenemos una cultura arraigada al litigio", afirmó. 

Garay manifestó que esta iniciativa combina lo público con lo privado. El Estado no tiene que sumar más empleados pero sí se sumarán conciliadores capacitados que promoverán un acuerdo en, al menos, dos audiencias. "Es importante destacar que la subsecretaría de Trabajo y Empleo no va a homologar ningún acuerdo que viole los derechos de los trabajadores", concluyó.

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