Ante la capacitación obligatoria sobre interrupción legal del embarazo que dictará el Ministerio de Salud, la titular de esa cartera, Elisabeth Crescitelli, aclaró sus alcances.
La Vicegobernadora celebró la sanción inicial en Diputados de la ley de interrupción voluntaria del embarazo e hizo hincapié en que Mendoza debe adherir a lo que establece el fallo de la Corte respecto de casos de mujeres violadas o con problemas de salud.
El diputado Lucas Ilardo (Podemos Vivir Mejor) consiguió las firmas de distintas fuerzas para insistir con que la provincia se sume a la guía nacional para la atención integral de interrupciones voluntarias del embarazo cuando la mujer haya sido violada o esté en riesgo su vida. "Hay consenso para ilusionarnos con terminar esta situación de injusticia, que pueda llegar al recinto y ser aprobado", dijo.
La senadora Daniela García (UCR) forma parte de la comisión de Género y Diversidad que dio dictamen favorable al proyecto presentado en 2014 por Noelia Barbeito (FIT). La iniciativa busca que exista una ley para autorizar judicialmente la interrupción del embarazo a mujeres que hayan sido violadas o que tengan problemas de salud. Mendoza, al igual que otras 15 provincias, no aplicó el protocolo pese a que la Corte Suprema de la Nación lo estableció en 2012.
La diputada Cecilia Soria (FIT) habló de qué se trata la interrupción del embarazo en casos de violación o si éste pone en riesgo la salud de la mujer. Además, comentó cómo el movimiento feminista logró que el Gobierno nacional le diera luz verde a debatir el aborto legal.
Mariano Borinsky, presidente de la comisión redactora de la reforma, dijo que será respetada la sentencia de la Corte Suprema que establece que, en casos de violación, la interrupción del embarazo no se considera un delito. Sin embargo, aún están analizando el peligro que esto traería para la salud de la mujeres.
Establece que para aquellas mujeres que han sido violadas o su salud está en riesgo, la interrupción del embarazo no se considera un delito y puede acceder con sólo presentar una declaración jurada. La senadora Noelia Barbeito (FIT) encabezó la presentación del petitorio.
#UnGritoMundial y #AbortoLegal fueron los hashtags con los que se hizo campaña en Twitter. En Mendoza hubo una marcha que llegó a las puertas de la Legislatura.
La diputada nacional Soledad Sosa (PO-FIT) explicó, en ocasión del Día por la Legalización y la Despenalización del Aborto, que la interrupción voluntaria del embarazo es "un problema de salud" pero también "un problema de reconocer derechos personalísimos de las mujeres".
Chiara Panelli, alumna de Ciencias Médicas de la UNCUYO e integrante de la colectiva feminista La Simona, señaló el déficit que existe en la formación de futuros profesionales médicos respecto de esta problemática de salud pública. El punto de vista fue dado a conocer en el marco de una charla debate organizada por el Instituto de Género y Mujeres de esa Universidad en coincidencia con el Día de Lucha por la Legalización y la Despenalización del Aborto que se conmemora cada 28 de septiembre.
La concentración se desarrolló en Santiago, la capital, donde más de 5 mil personas se manifestaron para promover un cambio legislativo. La consigna utilizada para la marcha fue: “Mujeres abortan en Chile todos los días”.
La diputada Patricia Galván (FpV) destacó la importancia de implementar el protocolo para que las mujeres en situación vulnerable puedan interrumpir su embarazo cuando la ley lo habilite, en casos de violación o enfermedad.
