Así lo afirmó Lucas Lecour, abogado querellante en la causa. Debido a la pandemia, el tratamiento psicológico y psiquiátrico que recibían tuvo que ser discontinuado. El segundo juicio se puso en marcha este lunes.
Luego de conocerse la condena contra los sacerdotes y el jardinero del Próvolo, la vicegobernadora reaccionó ante el texto que publicó la Iglesia horas después del fallo.
El abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, Carlos Lombardi, afirmó que "están dadas las garantías del debido proceso" para con la monja que pidió "un juicio justo".
Luis Romano, abogado de Armando Gómez, exempleado del instituto religioso, sostuvo que se opone a esta medida tomada por Gustavo Stroppiana, fiscal de la causa. El magistrado afirmó: "Instaremos al sobreseimiento en algunos hechos y de otros, discutiremos la calificación legal. Entendemos que no hay pruebas suficientes".
La solicitud del fiscal Gustavo Stroppiana incluye solamente la causa principal en la que se investigan abusos sexuales en ese instituto religioso. Los imputados involucrados en ella son los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, y los exempleados Jorge Bordón y Armando Gómez. Sergio Salinas, uno de los abogados querellantes; Marcela Orellana y Paola González, mamás de víctimas, y Alejandra Zarrizo, integrante de la Red Sobrevivientes de Abusos, se expresaron sobre la investigación.
La jueza de garantías Alejandra Alonso decidió el cese de la prisión preventiva de uno de los acusados de abuso sexual del Instituto Próvolo, por tratarse de una persona que "no comprende y no puede estar en proceso". Dictaminó, además, que sea alojado en el pabellón judicial de ese hospital psiquiátrico por un plazo de dos años y con controles permanentes. El imputado, cuyo nombre debe resguardarse a pedido de la justicia, es sordo y no conoce el lenguaje de señas. Sin embargo, su abogado defensor se manifestó disconforme, ya que continúa imputado.
Este viernes 24, a las 10, se concentrarán en la Plaza Independencia para pedir que se condene a los culpables por los sometimientos sexuales cometidos en el instituto para sordos e hipoacúsicos que la orden tenía en Luján de Cuyo.
El 4.º Juzgado de Garantías ordenó tomar muestras de ADN a los imputados para compararlo con el del fluido hallado en una bombacha que estaba en el Instituto.
El abogado querellante Oscar Barrera explicó que se trata de un joven oriundo de otra provincia que dice haber sido abusado y maltratado físicamente por Corbacho, Ojeda y Gómez, tres de los imputados en la causa.
Una testigo que fue violada en el instituto dijo que la religiosa Kosaka Kumiko sabía lo que estaba pasando. La fiscalía la imputó por abuso sexual agravado por acceso carnal y por la condición de guarda.
Laura Montero, vicegobernadora de Mendoza, señaló que podría darse de baja el establecimiento para dar solución a un problema que la Iglesia generó. "El Estado tiene todo el derecho de brindar allí mejores servicios", dijo.
En base a las dos denuncias nuevas por abuso sexual en el Instituto Próvolo de La Plata, Señal U habló con Carlos Lombardi, asesor de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástica, y contó cómo influye en la causa judicial local.
Sobre el cierre del Instituto Próvolo tras los abusos sexuales allí cometidos, el Director General de Escuelas, Jaime Correas, dijo también, que hay que "dejar trabajar" al Gobierno en "las medidas que cree más convenientes".
El fiscal de la causa, Gustavo Stroppiana, y el abogado querellante, Sergio Salinas, explicaron que, entre otros motivos, el hecho de que los cinco imputados estén presos ha ayudado a que muchos abusados se hayan animado a denunciar.
Una resolución del gobierno escolar ordenó la suspensión del servicio educativo mientras dure la investigación judicial por los abusos sexuales cometidos en el lugar.
El FIT solicitó que autoridades de ese organismo se presenten en la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados para detallar cómo se controlaba al Instituto Próvolo de Luján.
Gabriela Guzmán, profesora de la Tecnicatura en Interpretación de Lenguas de Señas de la Facultad de Educación de la UNCUYO, aseguró que el equipo que acompaña y traduce a las personas abusadas en el instituto lujanino tiene basta experiencia en el terreno judicial, y que los peritos muchas veces trabajan de a dos para corroborar los dichos de la persona sorda y que no queden dudas de su testimonio.
Cornejo calificó de esta manera los hechos porque los responsables cumplían una función educativa pero también de asistencia espiritual. También confirmó que la DGE iniciará un sumario administrativo para quienes debían supervisar la tarea pedagógica.
