La Cámara Federal de Casación dejó sin efecto la medida de la Corte Suprema de la Nación que desvinculó al represor Luis Muiña de los homicidios agravados de Jorge Mario Roitman y Jacobo Chester.
El genocida tiene 12 condenas a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. La Justicia también rechazó el beneficio a otros tres condenados por ser partícipes del terrorismo de Estado.
Se trata del caso de un excomisario con prisión preventiva en San Rafael. El fiscal y el Tribunal coincidieron en la negativa. Hay otras dos situaciones similares más en el país.
Para la Unión Cívica Radical, la decisión adoptada por el máximo tribunal de Justicia en el caso Muiña representa "un grave retroceso de una política de Estado en materia de derechos humanos que ha sido delineada por los tres órganos del poder".
Tras el fallo del Máximo Tribunal de la Nación, más de una centena de genocidas podría reducir su condena incluso hasta la mitad. Así lo afirmaron desde el MEDH a Unidiversidad.
La militante de Memoria Completa festejó vía Twitter la decisión del máximo tribunal que otorga el beneficio de 2 x 1 a un condenado por delitos de lesa humanidad.
Diputados de todo el arco opositor hablaron de “retroceso” e “indulto” por el denominado “2 x 1” aplicado a condenados por crímenes contra los derechos humanos. El PRO se mantiene en silencio.
Desde el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos opinaron sobre la concesión del 2x1 al "represor civil" Luis Muiña que resolvió la Corte nacional.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó la decisión de los magistrados como un hecho “abominable”. También cargó contra el gobierno de Macri.
El secretario de Derechos Humanos dijo que acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró aplicable el 2x1 en un caso de delitos de lesa humanidad. "El Gobierno sostiene la independencia de la Justicia", agregó.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que, por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2x1 para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.