Dos especialistas aportan sus conocimientos para intentar analizar la factibilidad de las propuestas de Milei. “La consulta popular es un derecho, pero no sustituye los poderes constituidos”, remarcó la docente constitucionalista Gabriela Ábalos. “Los derechos no se plebiscitan”, afirmó la abogada feminista Leticia Morcos.
Según la denuncia, la empresa de medicina prepaga Omint “obstaculizó la práctica, demoró el trámite y la atención a la paciente, y no brindó información clara y precisa".
La plataforma creada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, junto con Ibis Reproductive Health, ofrece novedades sobre la aplicación de Ley 27.610 de IVE y Atención Posaborto en Argentina, e incluye un análisis de los datos disponibles a nivel nacional y provincial.
El domingo 24 de enero entró en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Mendoza ya está dando curso a las solicitudes. La coordinadora provincial para su implementación explica cómo funciona.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó un informe que detalla los costos del aborto clandestino y destaca la legalización en Argentina. Carina Farah, economista y columnista de Like a las 10 detalló lo que representan esos números para el Estado.
Según un informe del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Conicet, el 79,1 % de la población argentina considera que el aborto debería permitirse al menos en algunas circunstancias.
Distintas personas expusieron esta semana ante el plenario de comisiones de la Cámara de diputadas y diputados a favor y en contra de la legalización del aborto. ¿Cuál es el debate posible entre dos posturas que parecen irreconciliables? Diálogo con Alejandra Ciriza.
Tras mucho insistir, las mujeres y personas gestantes de Argentina dieron un paso firme para que la interrupción del embarazo se convierta en ley. Puntos clave del contenido del proyecto y del camino a la sanción inicial.
En un reciente informe, la organización dio cuenta del deterioro en el acceso al aborto en el país. Asegura que la situación alarmante es consecuencia de la falta de insumos y la retracción sostenida del Estado nacional en su rol de garante de la salud sexual y reproductiva.
Ya no pasa solo en Europa. En América Latina, la natalidad baja desde 1980, año en el que en Argentina había un promedio de 3,3 hijas e hijos por mujer. Llegó a 1,2 en 2024. Quienes estudian el tema hablan de factores económicos, laborales, habitacionales, culturales y hasta climáticos. Quienes no, hablan de aborto.
El máximo tribunal local abrirá un espacio de diálogo para que el Ejecutivo brinde información sobre acceso al aborto en Mendoza, derecho que garantiza la Ley 27610. La decisión se funda en una acción judicial de Amnistía Internacional tras intentos fallidos de solicitudes administrativas.
Según el informe “Los malos usos”, la objeción de conciencia para practicar abortos se está ejerciendo por fuera de lo permitido: instituciones enteras declaradas objetoras –la mayoría, públicas–, dilaciones para derivar, personal que no tiene permitido objetar conciencia por no estar involucrado directamente en la práctica.
Cada año se registran cerca de 121 millones de embarazos involuntarios en todo el mundo, y la frase “No sé si abortar o no” arroja en internet millones de resultados. Para disputar los sentidos de esas búsquedas, una campaña latinoamericana transmitió en vivo durante 24 horas con 90 expertas, que dieron información y respondieron preguntas de la audiencia.
En el marco del 28 de mayo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres y Disidencias, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Mendoza señala la necesidad de fortalecer el sistema para que los centros de salud puedan ofrecer la aspiración manual endouterina como método para interrumpir un embarazo.
Firmado por la diputada Rocío Belén Bonacci y acompañado por cuatro personas más del bloque, el proyecto propone la legislación que implica, también, volver a penalizar a quienes deciden interrumpir su embarazo. Desde el Ejecutivo aseguraron que no tiene aval del presidente.
Desde que se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, las mayores desigualdades se registran en el plano geográfico. Amnistía Internacional y Líbera Abogacía Feminista elaboraron un informe sobre la implementación de la Ley 27610 en Mendoza. Deudas, obstáculos e inequidades, también en las voces de usuarias.