Profesionales de todo el país se unieron a esta campaña para informar sobre las consecuencias de la interrupción ilegal del embarazo y pedir que se apruebe el proyecto estancado en el Congreso.
Organismos de derechos humanos demandarán penalmente a los 38 legisladores que se opusieron a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por abandono de persona seguido de muerte.