A través de una investigación del Departamento de Justicia estadounidense, se determinó que la agencia antidrogas norteamericana mató a inocentes durante enfrentamientos y mintió en los informes.
La Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades a tomar acciones urgentes para blindar moralmente y proteger a las posibles víctimas, organizaciones y movimientos sociales.