La Ley 7722 es la norma vigente que regula la actividad minera en Mendoza, pero emprendimientos exploratorios como Cerro Amarillo y Hierro Indio volvieron a poner en la mesa la discusión la actividad extractiva. Buscamos dos voces representativas que nos ayuden a pensar.
Desde el instituto del Conicet, que se encarga de elaborar el Inventario Nacional de Glaciares, aseguraron que “no se encuentra entre sus incumbencias elaborar informes de impacto ambiental”.
Tras haber conseguido media sanción en el Senado, la Cámara Baja definirá la semana que viene si se puede llevar adelante la iniciativa para explorar la mina de cobre en Malargüe.
Armamos un línea de tiempo para resumir la historia de la mina de cobre. En la actualidad, el proyecto obtuvo media sanción en el Senado para su exploración.
La cámara alta provincial dio media sanción para que avance la etapa de exploración del yacimiento ubicado en Malargüe. El proyecto pasó a Diputados para su revisión.
La Unión Industrial de Mendoza (UIM) manifestó en un comunicado su respaldo a que el yacimiento de cobre, ubicado a 60 kilómetros de la villa cabecera de Malargüe sea explorado. Aún se debate en el recinto legislativo, en donde anticiparon que se tomarán "el tiempo necesario" para analizar los alcances y el impacto de esta iniciativa.
Rolando Baldasso (PRO), que preside la Comisión de Hidrocarburo, Minería y Energía, dijo que lo que está en análisis es el pedido de exploración de 2014, que deberá contemplarse con base en el Inventario Nacional de Glaciares publicado en 2018.
El Gobernador anunció que enviará un proyecto de ley de exploración de cobre en el sur provincial. El mandatario aseguró que el yacimiento Cerro Amarillo se encuentra fuera del alcance de la Ley de Glaciares y en el marco de la 7722.
De las dos iniciativas que se analizan en comisiones del Senado, sólo Hierro Indio continuará en evaluación. Cerro Amarillo queda en suspenso hasta que concluya el inventario de glaciares del río Grande. La voz de los científicos fue clave para tomar la decisión. Integrantes de las asambleas del agua aseguran que la iniciativa no cumple con los pasos previstos en la ley.