Así lo aseguró Silvia Minoli, que impulsó la búsqueda y el pedido de Justicia. Dijo que faltan mecanismos reales de protección de las infancias y acciones concretas del Estado para que no mueran más mujeres.
Como pasó en el caso de Johana Chacón, hoy la sociedad mendocina responde con organización y reclamos colectivos ante la desaparición de una mujer. Todavía nos faltan Gisela Gutiérrez, Viviana Luna y Abigail Carniel. La vulnerabilidad social y la pobreza como factores de riesgo.
Así lo aseguró quien fue querellante por la Secretaría de Derechos Humanos en ambos juicios. Los cambios, las falencias que persisten y la necesidad de brindar respuesta a las familias.
Silvia Minoli, la entonces directora de la escuela donde asistía la niña y una de las impulsoras de su búsqueda, aseguró que este caso se podría haber evitado. Habló con Unidiversidad.
Los nombres de Johana Chacón y de Soledad Olivera están unidos para siempre. Ambas vivían en el mismo lugar, salieron un día de su casa y nunca más se supo de ellas y las dos conocían al hombre que la Justicia señala como responsable de sus desapariciones.
A doce años de aquel 4 de septiembre cuando comenzó a buscar a Johana Chacón y Soledad Olivera, la exdirectora de la escuela Virgen del Rosario plasmó en un texto la lucha de la comunidad de Lavalle por visibilizar la violencia. Dijo que es esencial advertir la problemática en las infancias, y abrir el diálogo para que chicas y chicos cuenten lo que les pasa.
Mendoza cuenta desde 2018 con la “Guía de procedimientos ante situaciones emergentes en las escuelas”, que contempla situaciones de abuso o maltrato infantil. Unidiversidad dialogó con el director de la Doaite, Miguel Conocente, para conocer de qué manera funciona la guía y cuál es el rol docente en ella.
El 4 de septiembre se cumplen siete años desde la última vez que vieron a la joven. Estudiantes de toda la provincia recordarán su caso y debatirán sobre violencia machista.
En los fundamentos de la sentencia, los integrantes del tribunal dieron por probado que Luque asesinó a la adolescente, pero recalcaron que no se puede acreditar que lo hizo para ocultar otro delito.
Esa fue la condena del tribunal contra el obrero rural por el asesinato de la joven lavallina. Además, unificó la causa con la de Soledad Olivera, por lo que deberá estar en la cárcel 32 años.
La adolescente desaparecida y sus hermanos vivieron en una situación de extrema vulnerabilidad. Las intervenciones estatales para sostener a la familia no tuvieron éxito.