El Poder Ejecutivo reglamentó la ley sancionada en junio. La norma establece que esta parte de la población debe ocupar puestos de trabajo en los tres poderes del Estado en una proporción no inferior al 1 % de la totalidad del personal.
La norma establece que el Estado deberá destinar al menos el 1 % de la dotación de la administración pública a la contratación de personas travestis, transexuales y transgénero.