Los expresidentes brasileños fueron responsabilizados por la Policía Federal (PF) por un supuesto intento de obstrucción a la justicia en la operación Lava Jato, en un informe cuyo contenido debe ser evaluado por el Supremo Tribunal Federal.
La suspendida presidenta de Brasil reiterará que es víctima de un golpe de Estado que pretende dejar en el gobierno a su vicepresidente Michel Temer, quien se habría aliado con la antigua oposición.
Hasta el 27 de agosto Rousseff atravesará la primera etapa del juicio con el testimonio de testigos. El voto decisivo será el último día de agosto. Todo indica que la Presidenta será destituida.
La presidenta suspendida leyó una carta abierta a los brasileños y el Senado. El Supremo Tribunal Federal abrió una investigación contra ella y el expresidente Lula, acusados de tentativa de obstrucción de la justicia.
La comisión evaluadora del Senado votó separar a Dilma Rousseff por 14 votos a favor y 5 en contra. El 29 de agosto se hará la votación final, que decidirá si debe dejar el cargo de presidente.
El Ministerio Público Federal aseguró que Rousseff no cometió delito al disimular el aumento de gastos, imputación por la que se le abrió un juicio político en el Senado. Aliados de la exmandataria quieren incluir este parecer en los autos del "impeachment".
La idea fue defendida este lunes 2 por uno de los principales senadores del PT, Jorge Viana, quien pidió a Dilma comandar ese proceso frente a su inminente suspensión, la cual debe ser decidida por el Senado en 10 días.
La mandataria brasileña lo expresó luego de que la Cámara baja aprobara el juicio político y dejara la decisión en manos del Senado. En tanto, el presidente de Diputados afirmó que "el gobierno ha dejado de existir".
En el contexto de la votación de diputados con respecto al juicio político a Dilma Rousseff, la policía levantó un muro en Brasilia para evitar altercados entre las manifestaciones a favor y en contra del recurso por el cual se puede procesar a un alto cargo público.
Además, se manifestó en contra del pedido de prisión preventiva al expresidente Lula Da Silva, de la cual la Fiscalía de San Pablo dio a conocer los motivos.