Existieron casos en los que la Corte Suprema invalidó DNU por considerar que, en realidad, no había urgencia. Sin embargo, se trató de casos aislados y, hasta que eso sucedió, los decretos siguieron vigentes.
Desde las Cámaras Inmobiliarias explicaron cuáles son los términos de la mayoría de los acuerdos. El DNU derogó la Ley de Alquileres y no hay plazos mínimos ni precios promedio. Amparo judicial.
Esa fue la visión que compartió Facundo Martín, investigador del CCT Conicet Mendoza y profesor de la UNCUYO. Dijo que son falaces las razones que dio el Ejecutivo para dejar sin efecto la norma. El fenómeno de la extranjerización de la tierra y la necesidad de cuidar los recursos naturales. El caso del proyecto El Azufre, en Mendoza.
Con aumentos que duplican los valores actuales, inquilinos e inquilinas en Mendoza se enfrentan a un 2025 con contratos cada vez más caros y ajustes imposibles de costear. La falta de reglas claras agrava la crisis habitacional.
Entre los convocados estarán el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Legisladores y legisladoras buscan conocer más sobre los alcances de la norma firmada por el presidente Milei.
Ahora empezará el camino para evaluar la validez o invalidez del instrumento presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de diciembre y con vigencia desde el 29 de ese mes, excepto aquellos apartados frenados por la Justicia.
El epicentro de la protesta fue la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizó un acto frente al Congreso nacional. Movilizaciones en distintos centros urbanos, como Mendoza, Córdoba, Rosario, San Salvador de Jujuy, Ushuaia, Mar del Plata, San Carlos de Bariloche, San Luis y Posadas.
El oficialismo pedirá una sesión especial para debatir la iniciativa desde este jueves 25. La misma prevé emergencia pública, privatizaciones, limitaciones a la protesta, aumento en retenciones, blanqueo de capitales y una reforma del Estado.
Especialistas de distintas disciplinas emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación por las posibles consecuencias de las iniciativas gubernamentales contenidas en el DNU. Preocupa la cesión irrestricta de territorios cruciales para el desarrollo del país.
Mendoza fue una de las provincias donde se realizó el “Cacerolazo cultural”. El objetivo fue defender los ámbitos culturales, que el Ejecutivo busca desfinanciar a través del DNU y la ley ómnibus.
A través de un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales rechazó la iniciativa y aseguró que el Congreso tiene la responsabilidad de no convalidar la propuesta. Detalla cada una de las modificaciones propuestas y el retroceso que implicaría para la vida cotidiana.
Organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y personas particulares se presentaron ante distintos fueros judiciales para reclamar que se impida la puesta en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica presentado por el Gobierno nacional.
Primero se deberá designar a los 16 miembros que conformarán la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, aún no conformada. Según establece la ley, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros.
El Gobierno argentino aún no autorizó ninguna operación aérea con fecha posterior al 12 de julio. El sector reclama que se pueda trabajar con requisitos previsibles y estables.
El nuevo decreto que rige desde este viernes tendrá vigencia por tres semanas. No contempla medidas referidas al turismo ni la reapertura de rutas interjurisdiccionales para las vacaciones de invierno.
El DNU 381/2021 establece un semáforo epidemiológico en las distintas regiones del país con parámetros para determinar, de acuerdo a las distintas situaciones sanitarias, qué restricciones aplicar en cada distrito.