Luego de la demanda civil, el Estado mendocino fue condenado a pagar una indemnización. A pesar de que el asesor legal del Gobierno había responsabilizado a la familia por el crimen, la conjueza Marina Lilén Sánchez consideró que la correcta acción estatal podría haber evitado el femicidio de la joven de 14 años.
Las disculpas son parte del acuerdo de solución amistosa entre Olga Díaz y el Estado argentino ante la falta de protección, a pesar de las múltiples denuncias por violencia de género. Se prevén, además, medidas de no repetición.