Se trata de dos mujeres argentinas cuyos abuelos (Margalida Jaume y Antoni Alomar) fueron asesinados durante la dictadura española. La jueza María Servini solicitó tales declaraciones, esta vez, con perspectiva de género.
Para el abogado Carlos Slepoy, la investigación de los delitos cometidos durante el franquismo en Argentina es parte del avance del principio de justicia universal. La causa la iniciaron en 2010 los organismos de derechos humanos junto a familiares de fusilados y desaparecidos en España. El insospechado parecido con la situación generada al comienzo de los juicios por el genocidio argentino en España.