Estas medidas incluyen la prohibición de contratación de nuevo personal y de mayores dedicaciones horarias; un mayor control en las erogaciones, en especial en los organismos descentralizados, la baja de celulares pagados por el Estado y celeridad en los trámites jubilatorios de quienes ya están en condiciones de hacerlo.
Con el espaldarazo que le dieron las urnas, el Ejecutivo avanza en un programa de premios y castigos para controlar las cuentas y regular los fondos que envía al interior. Entre los múltiples cambios se destacan que los servicios de la deuda no podrán superar el 15 % de los recursos corrientes coparticipados a los municipios y que "las jurisdicciones que superen ese porcentaje no podrán acceder a un nuevo endeudamiento". En tanto, sólo las provincias que hayan tenido superávit o resultado equilibrado podrán incrementar la planta de personal.