La Asociación Civíl de Ayuda al Policía de Mendoza acusó al gobierno provincial de intervenir teléfonos personales de policías, abogados y periodistas. De la justicia federal a la provincial. La denuncia se agravó con el hackeo del correo de una abogada.
El centro de estudios se dirigió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Señaló al letrado por acoso sexual en la Universidad Champagnat y por haber presionado a un testigo de un homicidio en 2012.