El máximo tribunal local abrirá un espacio de diálogo para que el Ejecutivo brinde información sobre acceso al aborto en Mendoza, derecho que garantiza la Ley 27610. La decisión se funda en una acción judicial de Amnistía Internacional tras intentos fallidos de solicitudes administrativas.
En el marco del 28 de mayo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres y Disidencias, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Mendoza señala la necesidad de fortalecer el sistema para que los centros de salud puedan ofrecer la aspiración manual endouterina como método para interrumpir un embarazo.
Firmado por la diputada Rocío Belén Bonacci y acompañado por cuatro personas más del bloque, el proyecto propone la legislación que implica, también, volver a penalizar a quienes deciden interrumpir su embarazo. Desde el Ejecutivo aseguraron que no tiene aval del presidente.
Desde que se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, las mayores desigualdades se registran en el plano geográfico. Amnistía Internacional y Líbera Abogacía Feminista elaboraron un informe sobre la implementación de la Ley 27610 en Mendoza. Deudas, obstáculos e inequidades, también en las voces de usuarias.
Durante la Conferencia del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai), en Panamá, un informe destacó las leyes colombianas, uruguayas y argentinas porque habilitan el aborto legal a petición de cualquier persona embarazada hasta un determinado momento de la gestación.
El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva registró 96 664 abortos en 2022, 62% más que en 2021. Claudia Anzorena, socióloga e investigadora del Conicet, propone analizar el fenómeno de manera integral para no caer en interpretaciones simplistas.
REDAAS, una red de profesionales de la salud y el derecho, presentó ERA, una plataforma destinada a especialistas que atienden a mujeres, adolescentes, niñas y otras personas gestantes que solicitan un aborto.
Lo afirmó Leticia Morcos, integrante de Líbera, abogacía feminista. Hay frenos en las obras sociales, en el sistema público y en el privado. Objeción de conciencia cuando no corresponde, falta de equipos y farmacia, y escasez de información, impiden el cumplimiento de un derecho.
Lo afirmó Ana Lía Allemand, presidenta de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Esta habilitación posibilitará para todo el país el acceso al tratamiento combinado, el “estándar de oro” para realizar interrupciones del embarazo. Si se exporta a toda la región, aseguró Vizzotti, será además un círculo virtuoso industrial, productivo y económico.
El estudio elaborado por CEDES e Ibis analizó los dos años de debate (2018 y 2020) y el primer año de implementación de la ley (2021) de IVE. Si bien hay diferencias regionales y de género en la autoría de los artículos, “las coberturas fueron acompañando la despenalización social del aborto”.
El medicamento, combinado con misoprostol, es considerado en medicina el “estándar de oro” en interrupciones del embarazo. Su uso no estaba habilitado en Argentina pero, con autorización de la ANMAT, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva incorporó el combo a su canasta de insumos.