Valentina Albornoz, coordinadora de la implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), habló sobre cómo se está aplicando la Ley IVE en la provincia.
El domingo 24 de enero entró en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Mendoza ya está dando curso a las solicitudes. La coordinadora provincial para su implementación explica cómo funciona.
Según un informe del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Conicet, el 79,1 % de la población argentina considera que el aborto debería permitirse al menos en algunas circunstancias.
Distintas personas expusieron esta semana ante el plenario de comisiones de la Cámara de diputadas y diputados a favor y en contra de la legalización del aborto. ¿Cuál es el debate posible entre dos posturas que parecen irreconciliables? Diálogo con Alejandra Ciriza.
El máximo tribunal local abrirá un espacio de diálogo para que el Ejecutivo brinde información sobre acceso al aborto en Mendoza, derecho que garantiza la Ley 27610. La decisión se funda en una acción judicial de Amnistía Internacional tras intentos fallidos de solicitudes administrativas.
En el marco del 28 de mayo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres y Disidencias, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Mendoza señala la necesidad de fortalecer el sistema para que los centros de salud puedan ofrecer la aspiración manual endouterina como método para interrumpir un embarazo.
Firmado por la diputada Rocío Belén Bonacci y acompañado por cuatro personas más del bloque, el proyecto propone la legislación que implica, también, volver a penalizar a quienes deciden interrumpir su embarazo. Desde el Ejecutivo aseguraron que no tiene aval del presidente.
Desde que se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, las mayores desigualdades se registran en el plano geográfico. Amnistía Internacional y Líbera Abogacía Feminista elaboraron un informe sobre la implementación de la Ley 27610 en Mendoza. Deudas, obstáculos e inequidades, también en las voces de usuarias.
Durante la Conferencia del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai), en Panamá, un informe destacó las leyes colombianas, uruguayas y argentinas porque habilitan el aborto legal a petición de cualquier persona embarazada hasta un determinado momento de la gestación.
El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva registró 96 664 abortos en 2022, 62% más que en 2021. Claudia Anzorena, socióloga e investigadora del Conicet, propone analizar el fenómeno de manera integral para no caer en interpretaciones simplistas.
REDAAS, una red de profesionales de la salud y el derecho, presentó ERA, una plataforma destinada a especialistas que atienden a mujeres, adolescentes, niñas y otras personas gestantes que solicitan un aborto.
A dos años de la sanción de la norma, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, dio a conocer un informe sobre los avances y desafíos en la aplicación. Hay 1443 centros sanitarios que garantizan la práctica.
Lo afirmó Leticia Morcos, integrante de Líbera, abogacía feminista. Hay frenos en las obras sociales, en el sistema público y en el privado. Objeción de conciencia cuando no corresponde, falta de equipos y farmacia, y escasez de información, impiden el cumplimiento de un derecho.
Un reporte del proyecto Mirar analizó cómo se aplica la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Información poco clara, procedimientos riesgosos en lugar de medicamentos y uso inadecuado de la objeción de conciencia son parte de los desafíos.
Lo afirmó Ana Lía Allemand, presidenta de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Esta habilitación posibilitará para todo el país el acceso al tratamiento combinado, el “estándar de oro” para realizar interrupciones del embarazo. Si se exporta a toda la región, aseguró Vizzotti, será además un círculo virtuoso industrial, productivo y económico.
El estudio elaborado por CEDES e Ibis analizó los dos años de debate (2018 y 2020) y el primer año de implementación de la ley (2021) de IVE. Si bien hay diferencias regionales y de género en la autoría de los artículos, “las coberturas fueron acompañando la despenalización social del aborto”.
Organizaciones de derechos humanos, de mujeres, sociales, sindicales y políticas pidieron la absolución de una mujer presa hace ocho meses porque, tras ser "víctima de una emergencia obstétrica en su domicilio", es juzgada por homicidio agravado por el vínculo y alevosía.
El medicamento, combinado con misoprostol, es considerado en medicina el “estándar de oro” en interrupciones del embarazo. Su uso no estaba habilitado en Argentina pero, con autorización de la ANMAT, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva incorporó el combo a su canasta de insumos.
Junto con Líbera Abogacía Feminista, habían hecho un pedido de información al Ejecutivo provincial que fue respondido “de forma incompleta e imprecisa”. Amnistía Internacional presentó una demanda ante el máximo tribunal para que garantice el derecho a la información pública sobre interrupción voluntaria y legal del embarazo.
Según el informe ImplementAR 2021, en un año de aborto legal, se realizaron 59 348 interrupciones de embarazo en el sistema público de salud argentino, de las cuales 2916 fueron en Mendoza. El misoprostol está disponible, pero hay marcadas diferencias territoriales de oportunidades de acceso.