Desde que asumió, el Gobierno ha utilizado el método del "prueba y error" en varios asuntos, la mayoría de ellos sensibles a la ciudadanía y al arco político.
Entre junio de 2025 y enero de 2026, el haber se redujo el 2,5 %. Esa es la conclusión de un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que analiza la evolución del haber mínimo.
Es uno de los resultados definitivos del Censo 2022. El porcentaje está por encima de la media nacional. También se determinó que 395.252 personas reciben algún tipo de jubilación o pensión.
Según la Ley de Movilidad, los haberes aumentarán un 21% desde junio. Para subsanar la suba continua de precios, se anunció una serie de bonos. ¿El incremento es mayor o menor al de la ley anterior?
¿Qué pasa que el Congreso no la trata? ¿A quiénes alcanzaría la nueva norma? La Anses calcula que 29 mil mendocinos y mendocinas no podrán acceder a su jubilación este año en caso de que no se sancione el Plan de Pago de Deuda Previsional.
La medida de fuerza se desarrollará en todas sus modalidades: presencial y teletrabajo. Las recomendaciones que dieron desde la Asociación Bancaria a clientas y clientes de bancos.
Durante febrero, Anses anunciará de cuánto será la actualización para los haberes, pero esta suba no alcanzaría a compensar la inflación. De ser así, se complementaría con un pago extra, como se ha hecho en los últimos meses.
El ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva del Anses, Fernanda Raverta, informaron estas medidas. De esta forma, la jubilación mínima pasará de $37.525 a $50.353.
Lo percibirán aquellos que reciben el haber mínimo entre el 20 y 23 de diciembre. La medida beneficiará a más de 4,6 millones de jubilados y pensionados.
Fue aprobado en Diputados. Ahora, las y los trabajadores de la actividad podrían jubilarse con 57 años cuando tengan acreditados 25 años de servicios. Entre el 60 y el 65 % son de Mendoza.
Las iniciativas fueron anunciadas de manera paulatina esta semana y buscan la profundización de políticas de incentivo a la producción, el consumo y la creación de nuevos puestos de trabajo.
A través de un trabajo conjunto, se logró solucionar una demanda histórica del sistema científico argentino. Desde 1983, las y los trabajadores que llevaban a cargo tareas de apoyo a la investigación se encontraban excluidos del régimen jubilatorio del personal científico.