Los 18 sectores de la provincia aceptaron la mejora salarial que acercó el Gobierno de Mendoza. La misma consistió en 12% de incremento para agosto, 7% para septiembre, 8% para octubre y 7% para noviembre.
Ante legisladores y legisladoras presentaron un proyecto para que se promueva una auditoría, una asignación presupuestaria por parte del Ejecutivo y la creación de un ente de control con participación legislativa, ejecutiva y del sector trabajador.
En el marco de la apertura de la Asamblea Legislativa, los gremios Judiciales, Seosep SUTE, UPJCM, Sitravi, AMProS y CTA se convocaron frente a la Plaza Independencia para reclamar la reapertura de paritarias y un proyecto de ley para la educación, entre otros pedidos.
SUTE, Judiciales, Personal de Vialidad y de Casinos anunciaron las medidas en conjunto. Piden por la situación salarial, las condiciones de OSEP, la equiparación de las asignaciones familiares provinciales con las nacionales y eliminar el bono no registrado.
Será de 28 mil pesos y se depositará en cuatro cuotas a partir del 10 de agosto. Sindicatos se manifestarán nuevamente esta semana en contra del decreto del Gobernador.
El organismo consideró improcedente la presentación que hizo este grupo de empleados y empleadas ante la Suprema Corte. Ahora, debe fallar ese Máximo Tribunal.
Tras una primera negativa, los trabajadores del sistema judicial decidieron aceptar la propuesta del Ejecutivo Provincial. De esta manera, 15 de 17 sindicatos estatales ya han cerrado un acuerdo con respecto al aumento de sueldo.
Abogadas con perspectiva de género y comprometidas con la iniciativa sancionada prevén presentaciones contra la norma que se dirimirán en los tribunales. ¿El objetivo? que se aplique la ley sin dilaciones.
En la mayoría de los casos es porque han cometido delitos contra la propiedad y, en menor medida, contra la administración pública. Los datos fueron difundidos por la Corte Suprema de Justicia.
El Gobernador tomó la decisión en base al caso de una secretaria privada de la Suprema Corte que cobra más de $ 400 mil. Además, anticipó que pedirá terminar con las equiparaciones de funcionarios judiciales a magistrados.
En una entrevista de 2016, el ahora candidato presidencial por el Frente de Todos habló en esos términos sobre Lázaro Báez. El video fue editado y fue alterado el orden de varias frases con el fin de tergiversar el sentido.
El Senado de la Nación analiza un proyecto de ley que sanciona la filtración de escuchas judiciales con hasta cuatro años de prisión y juicio político para jueces y fiscales. Será debatido en el recinto de sesiones la próxima semana.
El gremio le planteó al titular de la Suprema Corte la necesidad de volver a ser reconocido para poder discutir las condiciones de trabajo de los empleados.
Tras el rechazo de los judiciales a la primera oferta, El Ejecutivo propuso un bono de $ 7000 como compensación inflacionaria y un 15,7 % de suba salarial para 2018.
El gobernador, Alfredo Cornejo, ofreció a los judiciales un bono de $5.000 para equiparar el aumento del 17% otorgado a principios de año. Los encuentros continuarán el próximo miércoles 29 y jueves 30.
El secretario general del gremio del Poder Judicial, Carlos Ordóñez, aseguró estar "preocupado" por los cambios "demagógicos" que planea el Gobierno de la provincia en la Justicia: "son proyectos `populares´, para la tribuna". También reclamó paritarias y aumento salarial para el personal.