La justicia de San Pablo ordenó paralizar su patrimonio personal, los del instituto Lula y los de la empresa L.I.L.S., encargada de la gestión de conferencias, para garantizar la cancelación de cerca de 30 millones de reales, unos 8,8 millones de dólares, con el Estado.
Como parte de una estrategia jurídica, el expresidente Lula da Silva esperará a que la policía lo vaya a buscar. La tensión trasciende las fronteras brasileñas.