Según comunicó ese organismo, la pesquisa "se propone determinar la eventual existencia de un delito en el egreso y posterior reingreso de las armas de fuego y otros materiales controlados".
Se trata de material y armamento policial por parte del gobierno de Mauricio Macri con destino a Bolivia para reprimir las protestas sociales ante el golpe de Estado contra Evo Morales.
El Gobierno boliviano denunció que la administración de Mauricio Macri proveyó de manera clandestina en noviembre de 2019 ese tipo de insumos al régimen de Jeanine Áñez para reprimir protestas sociales. Los exfuncionarios macristas se desligaron del caso.