Es una de las conclusiones del informe del INA, que fue la base para que el gobernador Cornejo decretara el freno de obras en la zona. En ocho meses se sabrá dónde se puede construir y qué habitantes se deben trasladar.
Bajo el marco de la Ley 9240, buscan incorporar organizaciones para el debate, diseño, planificación e implementación de políticas públicas en materias económica, ambiental y social.
De esta manera, se incorpora activamente al Plan Integral de Conservación del Cóndor Andino, que lleva tres décadas en el país protegiendo a esta especie.
Rodolfo Suarez anunció el plan durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura. Aquí, algunos detalles de la iniciativa del Ejecutivo provincial para preservar el ecosistema en esa zona.
Ingresó a la Legislatura el proyecto que busca fomentar el desarrollo recreativo, turístico y urbanístico del lugar. El financiamiento será público y privado.
Las razones esgrimidas fueron pérdida de poder de decisión y diferencias con el secretario Humberto Mingorance. El ambientalista dio a conocer su decisión a través de un comunicado en su perfil de Facebook.
Lo denunció una comunidad mapuche que habita en esa zona. Si bien la empresa y la secretaría de Ambiente aseguran que no hubo derrame en el agua, los denunciantes aseguran que sí está el riesgo.
Las áreas de Seguridad y Ambiente del gobierno provincial firmaron un convenio para que los internos de las cárceles realicen trabajo de reacondicionamiento del Parque General San Martín y el Ecoparque, entre otros lugares.
El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, dijo que espera llegar a un rápido consenso con la oposición para poder desarrollar la provincia de manera ordenada.
Así lo propone el proyecto presentado por el gobernador Alfredo Cornejo, que deberá tratarse en la Legislatura para que se cumpla plenamente la Ley de Uso del Suelo. Para construir en ciertas zonas, los empresarios deberán cumplir una serie de requisitos. El piedemonte, en situación crítica.
Luego del pedido de información de la diputada radical Julia Ortega respecto de la descomposición de alimento para animales, el secretario de Ambiente lo negó y señaló a ATE por las acusaciones.
Se trata de María del Carmen Abraham, una especialista en "felicidad organizacional" que propuso el gobierno. Cobrará 2 millones de pesos por buscar el diálogo entre las partes.