Según el informe “Los malos usos”, la objeción de conciencia para practicar abortos se está ejerciendo por fuera de lo permitido: instituciones enteras declaradas objetoras –la mayoría, públicas–, dilaciones para derivar, personal que no tiene permitido objetar conciencia por no estar involucrado directamente en la práctica.
Los médicos que rechacen interrumpir el embarazo puedan expresar su objeción en forma privada en sus lugares de trabajo, al momento de su matriculación o en los registros de los colegios profesionales. En Mendoza, no habrá un registro de objetores de conciencia.
Los senadores cordobeses Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez y Carlos Caserio lo entregarán el 1.º de agosto. Propone la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, la objeción de conciencia institucional y la producción estatal de misoprostol.