Se trata de una iniciativa de Pablo Priore (PRO). Las pruebas serán una vez al año y se avisará con tres días de anticipación. En caso de que se encuentren sustancias en algún funcionario, el Estado garantizará un tratamiento de rehabilitación.
El diputado del PRO Pablo Priore realizó tres pedidos de informe para detectar un supuesto error de Palermo en el fallo que este emitiera en diciembre pasado y que beneficiaba a 800 presos sin condena.