Establece multas y hasta la quita de la actividad por un plazo máximo de diez años y la suspensión de participar en licitaciones a aquellas empresas involucradas en delitos contra la administración pública.
El proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, que considera imprescriptible el delito de corrupción y establece un régimen de castigo para las personas jurídicas que delincan contra la administración pública.