En Mendoza, seis de cada diez personas que ingresan a la cárcel reinciden. Ese dato —el 56,59 % de reiterancia que registra el último Informe de Gestión 2025 del Servicio Penitenciario de Mendoza (SPM)— no es un número aislado, sino el resultado de una ecuación que combina la falta de políticas públicas dentro y fuera de los penales, la apatía por parte de la sociedad, el escaso acceso a la educación en contexto de encierro, la limitada capacitación laboral y el nulo acompañamiento a la población carcelaria para que se reinserte una vez cumplida su condena.

Según ese último relevamiento, en la provincia hay 7212 Personas Privadas de Libertad (PPL), el 12,23 % más que en 2024 y el 86,7 % por encima de 2015. Especialistas aseguraron a lo largo del programa Fijar dato 03 que ese crecimiento demográfico no ha tenido su correlato en la implementación de herramientas para cambiar la situación: ni para abordar las problemáticas sociales antes de que alguien cometa un delito ni para darle recursos dentro de la cárcel que apuntalen su reinserción social. El diagnóstico muestra que nada de eso ocurre. El 67,10 % de las personas que reinciden ya había estado detenida antes (menos de un año) y la proporción de reiterantes que regresan a la cárcel sin condena firme escaló del 25,26 % en 2024 al 32,54 % en 2025.

En términos de situación judicial, el 68,72 % de la población está condenada y el 31,28 % permanece procesada. La tasa de encarcelamiento de Mendoza es de 345,6 cada 100.000 habitantes, una relación que supera la media nacional (256) y la de países y regiones de referencia como Chile (316), Perú (292) y Guyana Francesa (321), aunque todavía está por debajo de Brasil (416). Esa población se distribuye en 20 establecimientos operativos que, según el propio informe, funcionan con una densidad carcelaria de 133,48, por lo que está clasificada técnicamente como “sobrepoblación supercrítica”.

Otro dato relevante es que casi toda la población carcelaria es masculina. Los varones representan el 97,2 % (7013 personas), mientras que las mujeres son el 2,7 % (198), y las personas trans, el 0,11 % (8). En cuanto a la edad, más de la mitad de las PPL —el 57 %— tiene entre 26 y 40 años.

Solo el 35 % de las personas privadas de la libertad en 2025 accedió a clases o talleres de oficios. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Falta educación y capacitación laboral

El informe penitenciario muestra quecinco de cada diez personas no tienen terminado el secundario y tres de cada diez no finalizaron siquiera la primaria. De las 7212 personas alojadas en el sistema en 2025, solo un poco más de 2500 accedieron a algún espacio de educación o capacitación, es decir, el 35,5 %.

El Estado tiene el desafío y el deber de que la población carcelaria se eduque y capacite, ya que son la base para que luego se puedan desenvolver en el mundo actual y reduzcan la posibilidad de reincidir. Sin embargo, para que esos derechos se concreten, no están dadas todas las condiciones: hay sobrepoblación, no hay infraestructura, no hay buenas condiciones laborales para docentes, no hay frecuencia permanente de transporte público en los penales ubicados en Cacheuta, Luján de Cuyo, y no hay articulación entre el sector público y el privado para que quienes pasaron por la cárcel consigan un trabajo.

Luis Romero, procurador de las Personas Privadas de Libertad de Mendoza, valora que el Servicio Penitenciario habilite a empresas como Suavipack, Xinca, Rerda, Calzados Cuyo o Pierandrei a instalar talleres productivos dentro de los penales, pero cuestiona el alcance real de esa política. "El problema es que la cantidad de personas que pueden acceder a esa capacitación es bastante limitada o pequeña respecto de las 8000 personas privadas de libertad que tenemos en Mendoza. Evidentemente, hay que tratar de agudizar el ingenio para buscar alternativas: cómo, cada tanto y cada cuánto puede ir rotando esa cantidad de personas para que se puedan formar otras", indicó.

El funcionario también se detuvo en la situación de las y los docentes que dan clases, en particular de quienes educan en los penales más alejados, Almafuerte I y II. "El desplazamiento hasta allá es dificultoso. Yo no puedo ir a Cacheuta por una hora o dos horas de clases y volverme. No hay transporte público permanente. Cuando ya tenés que poner plata de tu bolsillo para ir a la clase, ese es el límite", sostuvo. Agregó que el aumento acelerado de la población carcelaria genera hacinamiento, lo que termina reduciendo o directamente eliminando los espacios que originalmente estaban destinados a la escuela.

Luis Romero, procurador de las Personas Privadas de Libertad, advirtió que los cupos de capacitación son limitados. Foto: Unidiversidad

Pese a ese panorama, Romero destacó algunos avances: la inauguración de un centro universitario en Almafuerte II con infraestructura apropiada, la decisión de la Dirección General de Escuelas (DGE) de unificar las orientaciones en las distintas cárceles —para que el traslado de un interno no lo obligue a perder sus estudios— y la incorporación de formación técnica específica en oficios como plomería, electricidad y construcción en seco.

Romina Cucchi, subdirectora de Ejecución Penal de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, coincidió en el diagnóstico de fondo y ubicó como prioridad absoluta la necesidad de incrementar los cupos de educación en contexto de encierro y de los oficios para que existan posibilidades de acceso.

Para Roberto Juárez, sacerdote y excapellán del Servicio Penitenciario de Mendoza, la educación es, además de una herramienta de empleabilidad, una experiencia de libertad en sí misma: "Siempre lo he dicho y lo sostengo, los únicos ámbitos de la libertad que hay en la cárcel son la educación y la fe. A los jóvenes internos les digo: 'Traten de aprender a leer, a escribir, estudien, capacítense porque, si no desarrollan la cabeza, el pensamiento, otro lo va a hacer por ustedes y los va a usar. Así que lo mejor que pueden hacer es educarse para pensar y hacer libremente'".

Para este programa de Fijar dato se intentó entrevistar a Eduardo Orellana, director general del Servicio Penitenciario de Mendoza, pero, por distintos motivos, tuvo que posponer la entrevista con el equipo de redacción de Unidiversidad y Señal U. Su voz era crucial porque está a cargo de los penales desde 2013.

Para Romina Cucchi, subdirectora de Ejecución Penal, hoy no se observan políticas públicas que acompañen un verdadero proceso de reinserción. Foto: Unidiversidad

Del trabajo en la cárcel a la escasa posibilidad de trabajar afuera

Durante 2025, el sistema penitenciario registró un promedio semanal de 2620 personas privadas de libertad que trabajaban. A su vez, 245 personas se encontraban bajo convenios con empresas externas, una modalidad que busca vincular la capacitación intramuros con experiencias laborales concretas.

Ana María Alfaro, que estuvo privada de la libertad y actualmente trabaja en Xinca, conoce lo importante que es educarse o capacitarse para acceder a beneficios como la salida transitoria o la condicional: "Si te han bajado, por ejemplo, el concepto, la conducta, si has tenido problemas en el complejo, si has tenido informe, todo eso te perjudica. Esas son las trabas que a uno le perjudican, la mínima cosa te perjudica para un beneficio".

Ana María Alfaro estuvo privada de la libertad y hoy trabaja en Xinca. Foto: Unidiversidad

Sobre lo que implica reconstruir una vida por fuera de la cárcel, Alfaro fue igual de directa: "Sí, cuesta para conseguir trabajo. A uno mismo le cuesta hablar con otras. Yo no soy de mucho hablar tampoco, pero te cuesta para hablar con otra gente. Te cuesta para tener amistad, para hablar con la sociedad, te cuesta mucho. A mí me cuesta un montón". "En Xinca", dijo, "encontré un lugar donde, por empezar, no te miraban mal, no te discriminaban, porque vos sentís todo. Así no te lo digan, vos lo presentís".

Luis Romero indicó que, cuando las personas recuperan la libertad, aparece un vacío. "El Estado las acompaña solo hasta la puerta y les dice 'Hasta luego'. Si esa persona va a golpearle la puerta al empresario que lo capacitó adentro, hay una gran probabilidad de que no la tome", afirmó. ¿Por qué? Porque ya tiene sus empleados afuera, porque le cuesta integrarla a un grupo de trabajo, porque puede haber desconfianza. "Es algo en lo que tenemos que trabajar, pero no hay nadie que lo esté trabajando en este momento, ni el Estado ni el privado", agregó el funcionario.

Romina Cucchi explicó que la condena se extiende mucho más allá de la cárcel: "Es una condena que vas a atravesar durante toda la vida y difícilmente vayas a salir de eso si no tenés otras condiciones familiares, de clase, otras oportunidades. Pero, si estamos esperando que sea el Estado el que provea esas condiciones, hoy diría que no se observan políticas públicas a los fines de acompañar a esa persona en un verdadero proceso de reinserción. Creo, más bien, que todo este sistema, que toda esta máquina lo que garantiza y reproduce es la exclusión". Cucchi dijo que la falta de acompañamiento a quienes recuperan la libertad convierte a la cárcel en un instrumento de punición perpetua, donde la reinserción funciona como un ideal discursivo, pero no llega a materializarse en una política pública concreta.

Noelia Gutiérrez es socióloga y directora del Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales del Poder Judicial de Mendoza. Ella también conoce las cárceles de Mendoza porque forma parte del cumplimiento de su rol. "Vos entrás a la cárcel y, si has sido condenado, salís sin posibilidades de trabajar por lo menos durante 10 años porque no vas a tener certificado de buena conducta. La cárcel sostiene un discurso de reinserción que no es real, porque hay muchas más personas privadas de la libertad de las que pueden 'bajar', como se dice en el sistema, a la escuela, a un taller, o a hacer cualquier tipo de cosas. Además, las lógicas que operan adentro de la cárcel no son justamente de promoción de la persona, sino de mantenimiento de la disciplina".

La socióloga Noelia Gutiérrez afirma que la cárcel sostiene un discurso que no es real sobre la reinserción. Foto: Unidiversidad.

La familia y la sociedad

La familia, con su propia situación económica y problemáticas, también debe tenerse en cuenta. Romero describió la dinámica —ropa, comida, contención, apoyo— que implica para sus miembros ocuparse de las personas privadas de la libertad. Por eso, para él también es clave el rol de los municipios, porque son la primera instancia estatal para estar cerca de esos hogares, entender sus situaciones y hacer seguimiento cercano. Para quien sale de la cárcel, buscar, conseguir y sostener un trabajo también depende de que el entorno cercano se lo facilite.

Roberto Juárez no solo puso el foco en la responsabilidad que tiene el Estado para resolver la situación, sino también en la sociedad en su conjunto: "Hablar de cárceles es una molestia para nuestra sociedad: no sabemos qué hacer, cómo enfrentarlo, lo queremos esconder, le queremos poner una bomba y que vuele todo; es trabajar por una causa perdida".

El excapellán Roberto Juárez remarca que la contención familiar es clave y que la sociedad sigue mirando el problema como una causa perdida. Foto: Unidiversidad

Al mismo tiempo, el sacerdote reivindicó el sostén afectivo como uno de los pocos factores protectores que sí están al alcance de la mano, aunque advierte que el camino hacia otros modelos, como la justicia restaurativa, recién empieza: "Tener la contención de la familia es clave. Hay una vía superadora que es la justicia restaurativa, pero acá, en Mendoza, eso todavía está en pañales. Es un cambio de mentalidad grande. A nosotros, los mendocinos, creo que nos va a costar mucho, casi un milagro va a ser, pero espero que alguna vez nos demos cuenta de eso".