El Gobierno creó este viernes la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados. La misma será dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y estará a cargo de garantizar la seguridad de quienes colaboren “de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal”. La decisión se hizo efectiva a partir de la publicación del Decreto 795/2019 en el Boletín Oficial y lo replicó este viernes el diario Infobae.

Entre otras cuestiones, esta Agencia deberá ordenar y hacer cumplir ciertas “medidas especiales de protección”, las cuales podrán incluir desde la custodia personal hasta el cambio de domicilio y la entrega de una identidad falsa para los sujetos que ayuden en determinadas investigaciones.

El organismo viene a reemplazar al actual Programa Nacional que ya se encarga de administrar este tipo de casos y que, hasta tanto se elijan las nuevas autoridades, continuará al mando de los trámites pendientes. Como adelantó Infobae días atrás, los cambios surgen sin un acuerdo entre la actual administración de Cambiemos y el gobierno entrante de Alberto Fernández.