La necesidad de crear una procuraduría penitenciaria en la provincia surgió en respuesta a los procesos y causas contra la Provincia que realizaron distintas entidades y organizaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida a las indignas condiciones de existencia que presentaban las penitenciarías. De esta forma, el establecimiento de un Procurador Penitenciario se acordó como un proceso de solución amistosa basado en el desarrollo de un mecanismo local de prevención contra la tortura y el resguardo de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad. Esto fue en el marco del Protocolo facultativo de la convención contra la tortura que posee rango constitucional en la Argentina y está ratificado por Ley 25.932 a nivel nacional.
En el 2011, a través de la Ley 8.284, fue creada la Comisión Contra la Tortura en la provincia compuesta por una Procuración Penitenciaria y un Comité Contra la Tortura. En el caso de la definición de la conducción de la Procuración se estableció un sistema que en una primera etapa se realizó un concurso donde quedaron tres candidatos de los cuales el Gobernador en la segunda etapa debe elegir al futuro procurador. Por su parte, el Comité se encuentra conformado por organizaciones sociales y de derechos humanos relacionadas a la temática de la tortura en contextos de reclusión.
Este mecanismo, cuya conformación a nivel nacional representa una deuda con un compromiso internacional que el país asumió a través de la aceptación de un protocolo de desempeño en el 2002 que luego se convertiría en proyecto de ley recién en el 2010. El objetivo es garantizar que en todos los establecimientos donde las personas sean privadas de su libertad (penitenciarias, comisarías, hospitales, etc.) se cumplan los tratados internacionales de derechos humanos y se prevengan o denuncien -llegado el caso- hechos de tortura o violación de derechos.
El proceso de selección para ocupar la procuración comenzó a principios de junio. En aquel entonces se presentaron 11 aspirantes de los cuales siete rindieron el 26 de aquel mes un examen escrito. De esos siete pasaron a un examen oral cinco, del cual quedaron cuatro aspirantes que luego fueron sometidos a una oposición de antecedentes y formación, que tuvo como resultado una terna jerarquizada según orden de mérito por los abogados Lucas Lecour, Fabricio Imparado y la licenciada en Ciencias Políticas, Romina Cucchi.
La comisión evaluadora para realizar esta selección estuvo conformada por Pablo Salinas, Sandra Casavene y Juan Carlos Wlasic de acuerdo a que, según se establece en la norma al respecto, el jurado debe estar compuesto por docentes de cátedras universitarias de Derechos Humanos. En este sentido Pablo Salinas es titular en la universidad Champagnat, Casavane es adjunta en una cátedra de Derechos Humanos en la UNCuyo y remplazó a Diego Lavado que sí es titular pero se inhibió a participar del concurso, y Wlasic es titular en la Universidad Nacional de Mar del Plata y un referente del tema.
Además de docentes, los candidatos suman otras experiencia en materia de derechos humanos. Lecur es magíster en Derecho y con amplia experiencia en temas vinculados con Derechos Humanos. Imparado trabaja en el Servicio Penitenciario y se desempeña como asesor del Organismo Técnico Criminológico. Cucchi, es Licenciada en Ciencias Políticas y se encuentra terminando una especialización en Criminología. Además se desempeña como docente en la cárcel.
Edición Cuyo entrevistó a los ternados a Procurador Penitenciario y consultó sus opiniones respecto a lo que consideran prioridad al momento de asumir el cargo, su visión respecto al cumplimiento de los Derechos Humanos en el sistema penitenciario y también una lectura en torno a la Ley Petri.
