El dato corresponde a la provincia de Mendoza y lo difundió el Ministerio Público Fiscal, luego de que presos iniciaran una huelga de hambre alegando que sus causas estaban frenadas o que están detenidos injustamente.
Los ocho acusados del crimen fueron trasladados esta mañana a tribunales, donde comenzarán a ser juzgados por el asesinato cometido a la salida del boliche Le Brique, en la localidad balnearia de Villa Gesell el 18 de enero de 2020.
Los y las hinchas involucrados fueron imputados por haber violado el artículo 205 y afrontan una condena de prisión de seis meses a dos años. Hay más de 1000 personas identificadas.
El magistrado está acusado de liderar una banda que cobraba coimas a presos a cambio de ser liberados. Además, denunciaron e involucraron en la investigación a Isabel Boiza –su esposa–, tres abogados y al menos otras diez personas.
La Justicia investiga información recibida por el Municipio de Godoy Cruz y por dirigentes del Tomba para individualizar a todas las personas que acudieron al Gambarte a despedir al hincha más famoso del club.
Lo decretó este viernes el Gobierno nacional y tiene como fin garantizar medidas que protejan la integridad física y psíquica de quienes aporten información en distintas investigaciones.
Luego de una protesta pacífica al consulado chileno en Mendoza, se registraron enfrentamientos entre la policía y algunos manifestantes. Versiones cruzadas.
El Tribunal Oral Federal de esa provincia dará a conocer este viernes la sentencia contra tres imputados (un exjuez, un médico y un exteniente del Ejército) por torturas y homicidios durante la última dictadura cívico-militar.
Quien fuera Jefe del Ejército durante la gestión de Cristina Kirchner, está imputado por haber ejercido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívicomilitar de Argentina. Es por el caso Pedro Olivera y su hijo Ramón.
En la audiencia de este jueves la Justicia explicó las funciones que cumplían algunos de los imputados dentro de la Fuerza Aérea en distintos años de la última dictadura militar.
Pese a que estaban separados, el acusado por el crimen convivía con la víctima. Podrían dictarle prisión perpetua. En Corrientes se registró otro femicidio este domingo.
La Justicia acusó a Santiago Martínez Tanoira y Javier Sanagua de violar la Ley de Residuos Peligrosos en los yacimientos Barrancas y La Ventana. La denuncia había sido presentada en 2012 como parte de la estrategia para expropiar la empresa.
Lo decidió el juez federal Walter Bento. Es porque impidieron que pasara un camión que iba hacia Puesto Rojas, en Malargüe, un sitio donde se practica la fractura hidráulica.
El efectivo Hugo Acuña, que trabajaba en la Comisaría 14 de Alvear, fue imputado por matar a su esposa con su arma reglamentaria y quedó alojado en la Penitenciaría de San Rafael.
El empresario y exlegislador radical, oriundo de Tunuyán, arriesga una pena de prisión perpetua, pues el asesinato estaría agravado por el vínculo. Hay tres elementos probatorios.
El material genético del semen encontrado en una bombacha pertenece a un exadministrativo sordomudo del Instituto Próvolo. La prueba es clave para el futuro del caso. Los detalles.