La jueza federal subogrante de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó llevar adelante medidas de prueba para "corroborar las hipótesis delictivas" en la causa que investiga a empresas transnacionales por la exploración y extracción ilegal de hidrocarburos en la cuenca de las Islas Malvinas. De esta forma, dio curso a la presentación de los fiscales Marcelo Rapoport, Adrián García Lois y Carlos Gonella, que el 20 de abril formalizaron la denuncia contra las empresas Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
Según se informó a través del portal Fiscales, las medidas de prueba sugeridas por Rapoport, García Lois y Gonella apuntan a establecer la evolución y composición del patrimonio de las empresas transnacionales involucradas y a la identificación de sus directores. La denuncia es por la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades de las Islas Malvinas" y otros delitos que se desprenden de esas acciones, como la contaminación ambiental y el contrabando. En ese marco, Borruto libró oficios a la Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Comisión Nacional de Valores, la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Prefectura Naval y la Inspección General de Justicia para conocer detalles sobre las empresas involucradas, su evolución patrimonial, si operan en el mercado bursátil, como asimismo a identificar a las personas físicas que las integran.
Al impulsar la acción penal, los fiscales remarcaron que debían investigarse violaciones a los tipos penales previstos en el artículo 7 de la ley 26659, de exploración y explotación de hidrocarburos de la Plataforma Continental Argentina. El artículo prevé hasta 15 años de prisión y el doble del tiempo de la condena para ejercer el comercio. Además, prevé el decomiso de los bienes vinculados –cuestión impulsada por los fiscales en carácter de medida cautelar– a quien incurra en la exploración y extracción de hidrocarburos sin autorización en esa zona. Recordaron que la ley establece que "la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible".
