La Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para obligar a los presos a trabajar o estudiar durante su estadía en prisión era aplicada hasta este lunes a los reclusos con condena. Un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial establece que aquellos que aún no tengan pena podrán sumarse a este programa. El Decreto N.º 560 “Régimen Progresivo Anticipado”, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y Gianni Venier, ministro de Seguridad, busca así reglamentar, en este caso, el trabajo en la cárcel para las personas sometidas al proceso penal.

Esta medida no es obligatoria y los que estén a la espera de la condena podrán solicitar la incorporación al régimen laboral cuando hayan transcurrido 90 días de su ingreso a un establecimiento penitenciario.

“El Régimen Progresivo Anticipado consiste en la posibilidad de la cual goza una persona sometida a proceso penal y sujeta a una medida privativa de libertad preventiva de poder acceder al régimen progresivo de la pena contemplado en la Ley Provincial N.º 8465 y su modificatoria, previamente a su condena y sin afectar garantías, ni generar presunciones en su contra”, señala el artículo 1 del decreto.  

La medida entrará en vigencia el 1.º de agosto de 2018. El Ministerio de Seguridad diseñará programas y actividades específicos para el voluntariado y el procesado podrá renunciar en cualquier momento.  

Los números

- Entre condenados y procesados, actualmente la población carcelaria asciende a 4769 internos.

- En total, el 42 % de los presos se encuentra trabajando.

- El 54 % de las personas condenadas trabaja.

- El 47 % de las personas privadas de libertad se encuentra estudiando.

- El 54 % de las personas condenadas estudia.

- En 2017, 2095 presos participaron de capacitaciones no formales.