Lo dijo el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, en Mendoza: “Esta documentación es importante porque es la historia desde el punto de vista de los opresores, tiene un valor simbólico y será la justicia la que sabrá si tiene o no un valor probatorio en los juicios que se están llevando adelante”.
El funcionario nacional definió de este modo a las actas de la Junta Militar que instauró el terrorismo de Estado y un régimen dictatorial que marcó a fuego a, por lo menos, dos generaciones de argentinos, que soportaron el apremio sistemático entre 1976 y 1982.
“Ahora, dos de esas actas en las que, por ejemplo, los represores decidían dejar de usar el término ‘desaparecido’ y cambiarlo por el de ‘persona de paradero desconocido’ están en la provincia”, contó la crónica de Edición UNCUYO del 26 de marzo.
Esta semana la documentación aportada por la Nación fue presentada ante el tribunal que juzga a los represores y cómplices en la audiencia donde se comenzaron a escuchar los testimonios.
