La presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), Cecilia Pando, ampliamente cuestionada por distintos organismos de derechos humanos por defender abiertamente el accionar represivo durante la última dictadura cívico-militar, fue contratada como maestra en un colegio privado de la Ciudad de Buenos Aires y despedida dos días después.

El pedido de remoción del cargo fue producto de la presión de los padres del alumnado al enterarse de quién era la nueva docente, según informó Página/12.

El diario Perfil publicó, para sorpresa de varios, el tuit de la abogada de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Graciana Peñafort, quien salió en defensa de Pando: "Voy a decir algo polémico... Me parece mal que a Pando no la dejen dar clases porque, como cualquier ciudadano, tiene derecho a trabajar. Si no dejaran dar clase a un maestro por comunista también estaría mal" declaró en la red social. No obstante, Peñafort se encargó de aclarar que su desacuerdo con la decisión escolar era desde el punto de vista legal, pero no moral, y se mostró de acuerdo con que los padres no aprueben que Pando sea la educadora de sus hijos: “Pero también me doy cuenta (de) que mi acuerdo con esa decisión es básicamente moral, porque no hay norma que legitime la restricción. Al menos no directamente. Es claro que se puede fundar indirectamente la restricción”, remarcó la abogada.

El negacionismo del genocidio cometido durante la dictadura conocida como Proceso de Reorganización Nacional en la Argentina no se encuentra penado por ley. Sí es el caso, por ejemplo, de Alemania, respecto del negacionismo del holocausto.